Primero que nada debemos señalar que en el
marco del camino hacia la recuperación de soberanía popular las
recientes medidas expresadas en el proyecto de ley sobre la
nacionalización de YPF son un paso adelante. Un paso en un largo camino
que todavía debemos recorrer como pueblo en la construcción de una
Patria Libre, Justa y Soberana. Un paso
que, sin lugar a dudas, abre otro escenario, pero un escenario que no
está excento de nuevas estafas o peligros, ya que las nuevas medidas a
adoptar son positivas pero todavía insuficientes para la recuperación
total de nuestros recursos energéticos que es la única manera en que
alcanzaremos la soberanía sobre nuestros bienes. Por eso debemos seguir
luchando por una YPF 100% pública, por la soberanía popular sobre todos
nuestros bienes comunes (no sólo los energéticos), algo que solo haremos
posible con la lucha de nuestro pueblo más allá de decretos o leyes de
gobiernos de turno.
La expropiación del 51% a Repsol es sin
duda una vuelta de página que marca el fracaso del modelo privatizador
del neoliberalismo y que asimismo marca un avance en una reivindicación
popular muy sentida donde cualquier avance en ese sentido constituye
también un avance en la concientización de nuestra población a cerca de
la necesidad de tener control sobre lo que nos pertenece. Algo
importante y necesario luego de años de prédica neoliberal y de
demonización de todo lo que implique recuperar soberanía a través de
nuestro Estado.
No debemos olvidar que Repsol, con la
complicidad de gran parte del espectro político, ha sido uno de los
mayores responsables del vaciamiento de YPF. Su política a lo largo de
los años ha sido capitalizarse a costa de los ingresos que le daba la
renta de nuestro subsuelo, vaciándo los pozos ya descubiertos, para
hacer negocios e inversiones en otros países a espalda de los intereses
de los argentinos. Pero en este camino de recuperar soberanía tampoco
debemos olvidar, más allá de la retórica oficialista, que YPF continuará
siendo una Sociedad Anónima sustraída al control público al que debería
verse sometida si fuese una empresa estatal. Este tipo de
contradicciones pueden conllevar a que esta re - nacionalización termine
siendo funcional a intereses de capitalistas o empresarios amigos y no a
los intereses populares. El intento de "argentinización" sobre YPF que
hace unos años atrás llevó a cabo el gobierno facilitando un 25% de las
acciones a la familia Eskenazi dan cuenta de esto.
Por eso es
que la lucha todavía continúa y en ese sentido debemos luchar para que
se eliminen todos los decretos desregulatorios en materia energética
como también por la eliminaciónd e la Ley Corta del 2006 sancionada por
este mismo gobierno y que vino a perfeccionar los mecanismos de
transferencia de la propiedad del subsuelo del Estado Nacional a las
provincias como ya se había decretado en la constitución neoliberal del
´94 que permitió negociados entre los gobiernos provinciales y
empresarios amigos sumadas a excensiones impositivas inéditas para la
actividad. Es precisamente la constitución del ´94 el andamiaje jurídico
y legal que debemos eliminar para cerrar definitivamente el ciclo
privatista en nuestro país.
Sin ser ingenuos pero tampoco sin
hacer oposición boba con consignas abstractas saludamos este avance
marcando lo que hay que marcar, denunciando lo que hay que denunciar y
continuando en la lucha por soberanía popular para nuestra patria,
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