DDHH y LUCHA ANTIRREPRESIVA. CRIMINALIZACIÓN DE LA POBREZA Y LA PROTESTA.

No resulta novedoso que el Estado, para sostener la hegemonía de las clases dominantes, haya apelado a lo largo de la historia a diferentes formas jurídicas para reprimir la protesta social y política de los oprimidos. Desde la la ley de residencia de 1902 hasta la actual sancion de la ley antiterrorista han sido muchas las formas en que el Estado a perseguido, encarcelado y asesinado a luchadores, llegando a su punto más tenebroso y sanguinario con el genocido planificado y perpetrado por la dictadura de 1976.

En la actualidad asistimos a un profundo avance de la criminalizacion de la protesta y la pobreza. Los gobiernos de los kirchner, que se jactan de “no reprimir”, son los gobiernos con más presos políticos desde la vuelta de la democracia. Asi lo ejemplifican los casos de Roberto Martino, recluido en el penal de Marcos Paz por denunciar la masacre sionista en Gaza, los casos de Fernando Esteche y Boli Lescano, con una condena a tres años por escrachar el local de campaña del ex gobernador de Neuquén Sobisch, responsable político del asesinato del maestro Carlos Fuentealba, el caso de los estudiantes procesados por la defensa del comedor de MT y la toma del Ministerio y los cientos de luchadores del campo popular perseguidos por la justicia. Por cada protesta social pareciera haber una causa judicial que se abre.

A su vez siguen siendo miles los casos de los jóvenes victimas del gatillo facil, verdaderas ejecusiones extrajudiciales por parte de las fuerzas policiales. Jovenes en su mayoría condenados a vivir en barrios estigmatizados y estigmatizantes que les imprimen una marca social a los alli recluidos. Jóvenes que son únicamente interpelados por el Estado por medio de la violencia de su aparato represivo. Allí tenemos los miles de Lucianos Arrugas víctimas de esta metodología de control social.

Por otra parte, tenemos tambien el asesitano de Silvia Suppo y la desaparición de Julio López todavía impunes más el reciente crímen de Mariano Ferreyra, todos casos que – como los casos de gatillo fácil – revelan la responsabilidad del actual gobierno en no hacer nada para terminar con la existencia y accionar de los sectores más oscuros de nuestra política ligados, en muchos de los casos, al aparato represivo de los ´70.

Ante este escenario, el movimiento estudiantil como actor político que es no está excento, como ya lo demuestran las causas abiertas de los compañeros, de ser víctimas de esta judicialización de la lucha.

Persecusión ideológica, sobredimensionamiento de las causas, sentencias  a la pena máxima, no hacen más que confirmar lo que uno de los principales voceros del kirchnerismo dijo a los comienzos de la era K: “vamos a perseguir con el código penal en la mano”.

Por eso creemos fundamental organizar entre los estudiantes comisiones antirrepresivas y de DDHH  que establezca una solidaridad activa y no meramente abstracta y formal con todos los luchadores de nuestro pueblo perseguidos y procesados y con todas las víctimas de la represión institucional. Siempre teniendo como horizonte en esta lucha antirrepresiva que el pueblo hará pleno ejercicio de sus derechos, sin proscripciones y represión, con la derrota del capitalismo y la liberación de nuestra Patria.